Expertos alzan la voz contra el Tren Maya

En el marco de la visita prevista del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para “dar banderazo” de salida a su proyecto denominado “Tren Maya,” las y los suscritos, organizaciones no gubernamentales, colectivos indígenas y populares, comunidades de base, académicos y académicas, personas en lo particular, a la vez que señalamos lo inoportuno de dicha visita en medio del momento más crítico de la pandemia de la COVID-19, realizamos este comunicado. El “Tren Maya”, ha sido presentado como uno de los principales proyectos de la actual administración federal.

En el discurso, la obra servirá para “detonar el desarrollo del sureste y potenciar el turismo y el desarrollo económico de la región”. Sin embargo, durante el avance del proyecto se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho. Es por las siguientes razones que expresamos nuestro rechazo al proyecto: PRIMERO.Siendo que existen diversos amparos en los que jueces federales han ordenado la suspensión de muchas de las actividades del proyecto y que la CNDH ha ordenado como medida cautelar, la suspensión de actividades no esenciales del proyecto, la visita del Señor Presidente atentaría contra el orden Constitucional.

El objetivo de su visita desdeña y desacata órdenes judiciales y del Ombudsperson afectando el delicado balance y el equilibrio del ejercicio de poder en nuestro país. El avance del proyecto que se fuerza desde el gobierno federal se cobija en la disminuida actividad del Poder Judicial Federal por la emergencia sanitaria, y las consecuentes repetidas negativas de juzgados federales de Campeche y Yucatán de recibir demandas de amparo en contra del proyecto. Es preocupante el ambiente que se cimbra en la conciencia nacional por las faltas de independencia judicial y de garantía de acceso a la justicia en el contexto de este proyecto. En este mismo sentido, por causa de la pandemia, han sido canceladas las reuniones informativas y mesas de discusión, y se ha establecido que los términos para obtener información no corren, lo cual limita el acceso de la población involucrada a información cabal, suficiente y oportuna. 

SEGUNDO. El megaproyecto en cuestión, aunque afecta de manera directa a comunidades indígenas de al menos 4 de las 5 entidades federativas se ha ido erigiendo sin la participación de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad en el diseño y planeación de un proyecto de desarrollo. Para este proyecto no existió un diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus necesidades y pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, violando un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, que es el derecho a la libre determinación. Sobre este particular, es preciso recalcar que las reuniones realizadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no pueden ser consideradas como un proceso de consulta indígena, en principio porque se efectuaron a través de instancias no representativas de las comunidades y pueblos.

En segundo porque no se cumplió con los estándares mínimos del derecho a la consulta, establecido en el Convenio 169 de la OIT, situación que incluso fue señalada por la Oficina para México del Alto Comisionado de Naciones Unidas^[1]. Así también, porque durante las mismas, los funcionarios presentes aceptaron no tener toda la información sobre el diseño de la obra, la ruta del tren y, los impactos ambientales y socioeconómicos. Los procesos de consulta (y de pagos simbólicos por derechos de vía) a ejidos y comunidades indígenas continúan durante la emergencia sanitaria en contra de las recomendaciones de organismos internacionales y sin otorgar información suficiente con respecto a las afectaciones. Aún siguen sin definirse la ubicación y número de los llamados polos de desarrollo así como el funcionamiento de las FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces) que estimamos son acciones para “bursatilizar la tierra” y contra los cuales se ha pronunciado con una opinión negativa el mismo Procurador Agrario (19 mayo 2020).

 Decidir el futuro de las comunidades y pueblos indígenas unilateralmente, afirmando que serán los principales beneficiados de un proyecto que desconocen y en el cual su papel principal será el de la mano de obra barata, significa reproducir la discriminación sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano y que les ha negado a esos pueblos ser los dueños de su propio destino y futuro. La actual administración dilapida una oportunidad histórica de hacer las cosas de manera distinta y generar condiciones adecuadas para llevar a cabo un diálogo intercultural que permita generar condiciones de desarrollo a partir de las realidades, especificidades, historias y prácticas de esos pueblos. Según los mismos informes del gobierno federal, los miles de empleos que supuestamente se crearían, muy probablemente serían empleos precarios, mal pagados, temporales y sin garantías de seguridad social para las y los trabajadores, es decir que tampoco contribuiría al desarrollo regional, como se ha dado en otros proyectos impulsados por el FONATUR.

TERCERO. Existen serios cuestionamientos en torno a la viabilidad ambiental del proyecto denominado Tren Maya. Esta afirmación tiene sustento no sólo en lo señalado por académicos, académicas y comunidades desde sus instituciones de forma independiente, sino también por instancias del propio gobierno federal. Al respecto es preciso recordar que existe un estudio realizado por un grupo de 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para determinar el impacto del Tren Maya en los territorios donde se planea su construcción, mismo que concluye que existen riesgos ambientales y sociales en este proyecto de desarrollo. Éste y otros estudios concluyen que el Tren Maya propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de veintitrés Áreas Naturales Protegidas, entre las cuales se encuentran Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo como Yum Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an y Calakmul, ambas patrimonio de la Humanidad, así como siete Regiones Terrestres Prioritarias, y once Regiones Hidrológicas Prioritarias, a tal grado que podría convertirlas en áreas biológicamente inhóspitas. Estos estudios resaltan que no existe información suficiente acerca de los distintos proyectos económicos que este conllevaría, como las nuevas ciudades, los parques industriales y nuevos enclaves de desarrollos turísticos.

Asimismo, los estudios exponen riesgos para la identidad cultural y posible mercantilización de la propia cultura indígena; violación al derecho a la tierra y mecanismos de financiamiento que no favorecen a los propietarios de las parcelas en los polos de desarrollo, así como la sobre-densificación del corredor turístico Cancún-Tulum.Pero además, el estudio determina, claramente, que el Proyecto Tren Maya traza una ruta de infraestructura no sólo ferroviaria sino de desarrollos turísticos, habitacionales y de traslado, almacenamiento y comercio de mercancías de tipo diverso, situación que supone un profundo reordenamiento territorial en los cinco estados afectados por el proyecto. Como consecuencia de lo anterior, y dada las condiciones naturales excepcionales y altamente vulnerables de la región así como diversidad biológica que existe en las cinco entidades federativas, se afectarán grandes macizos de selva, manglares y otros humedales, con la consecuente pérdida de servicios ambientales como las recargas al manto freático o su capacidad para capturar dióxido de carbono.

 Estas afectaciones en un contexto de alta conflictividad socio-ambiental vigente caracterizado por el despojo de bienes comunes de territorios campesinos e indígenas conllevan a su vez al deterioro de sistemas ambientales. La infraestructura ferroviaria y los llamados polos de desarrollo significarán también, irremediablemente, especulación y privatización de tierras ejidales. En este sentido también se pronunciaron académicos frente al Congreso de la Unión en septiembre de 2019.Los cuestionamientos se agravan con el hecho de que no existe una evaluación de impacto ambiental del proyecto en su totalidad, ni de ningún centro urbano que se propone, así como tampoco hay estudios realizados ni información sobre cuál sería el impacto acumulativo del Tren Maya en toda el área de afectación. Esta falta de evaluaciones violenta el marco jurídico nacional e internacional que establece la obligación de llevar a cabo estudios de impacto ambiental para este tipo de proyectos. FONATUR se escuda en que por el momento no se construirán nuevas vías, sin embargo esto es sólo parcialmente cierto puesto que las vías serán ampliadas en toda su extensión y se construirán y habilitarán carriles para un tren nuevo para el cual se requieren nuevos sistemas de durmientes y de rieles.

Como reconoce el mismo Fonatur, los contratos firmados con los concesionarios tienen también la finalidad de que se construyan estructuras para el nuevo tren.En este sentido, aún y cuando FONATUR anunció que el gobierno federal contaba con el 95% del derecho de vía, esto se ha comprobado incorrecto (por más del 40%) por estudios independientes y por el mismo FONATUR en el reciente informe del Director General Rogelio Jiménez Pons en la rueda de prensa del 18 de mayo pasado.CUARTO. El proyecto del Tren Maya genera graves riesgos al patrimonio histórico y cultural, todos bienes nacionales, particularmente de la península. En los alrededores del trazo del Tren Maya el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registro de siete mil 274 sitios arqueológicos. De éstos, mil 288 se encuentran a distancias no mayores a 10 kilómetros de la vía férrea, de manera que tendrían una afectación directa, según el citado estudio encargado por el CONACYT. En el mismo se afirma que “Atendiendo a los cálculos de pasajeros y carga del tren, podrían implicar la destrucción irrecuperable de posibles vestigios culturales, daño físico, adulteración o uso turístico excesivo”. En una denuncia penal realizada por arqueólogos, antropólogos, historiadores y expertos de diversas organizaciones e institutos de investigación por daños a los bienes nacionales a raíz de los proyectos de los trenes maya y transistmico, se denunció que los estudios de salvamento fueron realizados por una persona que no cuenta con experiencia ni títulos en la materia

.QUINTO. Aún y cuando el gobierno federal ha buscado publicitar un supuesto apoyo desde las Naciones Unidas al proyecto, dicho apoyo no existe. Existen consultores contratados por FONATUR a través de ONU-Habitat y la UNESCO que colaboran actualmente con estudios para el proyecto, sin embargo esto no representa un espaldarazo al proyecto por parte de las Naciones Unidas. Es más, las acciones de ONU-Habitat para el proyecto han sido denunciadas porque han puesto en peligro la salud de las personas al realizar censos, entrevistas y encuestas para su desalojo y despojo de sus hogares durante la emergencia sanitaria declarada desde el gobierno federal.Finalmente queremos señalar que, frente a este proyecto que desde un inicio ha sido opaco por la ausencia de información, que beneficiará a grandes consorcios empresariales y que ha avanzado aún durante la pandemia dela Covid-19, poniendo en riesgo la salud de las trabajadoras, trabajadores, comunidades y la población en general, representantes de distintas comunidades indígenas y campesinas en los estados afectados han presentado diversas acciones legales. Lo han hecho ante instancias nacionales e internacionales, en las cuales han señalado la violación a diversos derechos.

Dichas comunidades, a pesar de la dificultad que históricamente han tenido para acceder a la justicia, han logrado, hasta ahora, tres suspensiones, una en Calakmul, otra en Palenque y una más en Campeche, así como la emisión de medidas cautelares por parte de la CNDH.En dichos procesos se han evidenciado claras violaciones a la ley, contradicciones y falsedades en la implantación del proyecto por parte fundamentalmente del FONATUR, pero sobre todo se ha expresado la voluntad de la población de mantener la exigencia y la batalla jurídica y política para hacer efectivos sus derechos a preservar su territorio y medio ambiente.En esa lógica, el Gobierno Federal tiene la oportunidad histórica, a partir de las promesas de cambio que su titular ha expresado, de generar un proceso en donde las demandas, puntos de vista y exigencias de las comunidades indígenas, académicos y diversos colectivos que han expresado su oposición al tren, puedan ser escuchados, de tal manera que se genere un proceso realmente democrático en la definición de la política de desarrollo de las comunidades y pueblos.Atentamente,Firmamos:                                          

1. Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.
2. Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C.
3. Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán.
4. Diálogo y Movimiento, A.C.
5. Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal
6. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.
7. Centro Comunitario U Kúuchil K Ch’i’ibalo’on de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
8. Colectiva K-luumil X’ko’olelo’ob, Poniente de Bacalar
9. Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí, Valladolid, Yucatán
10. Red de Resistencia y Rebeldía Jo’
11. Consejo Indígena maya de José María Morelos U Yóol Lu’um
12. Comunidad de Maya Balam, Quintana Roo
13. Colectivo de Semillas, Bacalar, Quintana Roo
14. Colectivo Felipe Carrillo Puerto de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
15. Colectivo Xa’aybej por la defensa del territorio, Chetumal, Quintana Roo.
16. Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, Quintana Roo.
17. Ka’ Kuxtal Much’ Meyaj AC, Hopelchén, Campeche
18. U yich lu’um A.C. de Sanahcat, Yucatán
19. Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Kaan, Maní, Yucatán.
20. Colectivo Tres Barrios de Campeche, Campeche.
21. Due Process of Law Foundation
22. Servicios y Asesoría para la Paz A.C.
23. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
24. Asamblea de los pueblos indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio (APIIDTT)
25. Centro de Derechos Humanos – Espacios para la defensa, el florecimiento y apoyo comunitario
26. Resistencia Civil de Candelaria Campeche
27. Espacio DESCA
28. Proyecto de Derechos económicos, sociales y culturales A.C.
29. Jornada de Derechos Humanos A.C.
30. Greenpeace México A.C.
31. Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.
32. Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas
33. Tequio Jurídico A.C.
34. Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta
35. Casa Común A.C., Oaxaca, Oaxaca
36. Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM)
37. Alianza Sierra Madre A.C.
38. Casa Aarmaluz, Organización de Educación Acción Comunitaria del Pueblo Originario de San Pedro Cuajimalpa
39. Derechos de la Infancia y la Adolescencia A.C.
40. Ocean Futures Society de Jean-Michel Cousteau.
41. Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)
42. Bowerasa A. C
43. Kalli Luz Marina A.C.
44. Educación, Cultura y Ecología, A.C. de Mérida, Yucatán
45. Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.
46. Centro de Investigación Escénica El Teatrito Yucatán
47. Foro para el Desarrollo Sustentable
48. Compañeras de Comaletzin A.C.
49. Centro de Educación Integral de Base (CEIBA A.C.) Chiapas
50. Mujeres transformando Mundos A.C (Chiapas)
51. Coordinación Interregional Feminista Rural, Comaletzin A. C.
52. Misión de Observación de la Consulta Indígena Maya (MO)
53. Centro de Derechos Humanos “Bartolome Carrasco Briseño” A.C.
54. Articulación Yucatán
55. Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C.
56. Universidad de la Tierra en Puebla
57. Colectivo Utopía Puebla
58. Red de Rebeldía y Resistrenzas – Puebla
59. Colectivo Sí a la Vida (Desierto de Chihuahua)
60. Custodios de la Hermana Agua (Ejidos ubicados en los municipios de Parras de la Fuente y General Cepeda, Coahuila)
61. Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
62. Bifanzine Colectivo
63. EQUIS Justicia para las Mujeres
64. Luna del Sur A.C.
65. Muuch Kambal, A.C., Hopelchén, Campeche.
66. Red Temática Conacyt de Economía Solidaria y Seguridad Alimentaria
67. Jóvenes ante la Emergencia Nacional
68. Comité 68 Pro Libertades Democráticas
69. Nueva Constituyente Ciudadana Popular
70. Guerreros Verdes A.C.
71. Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C.
72. Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
73. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
74. Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH)
75. Agenda LGBT (Estado de México)
76. Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua)
77. Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México)
78. Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México)
79. Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI)              
80. Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.)
81. Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.)
82. Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.)
83. Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México)
84. Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua)
85. Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.)
86. Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México)
87. Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.)
88. Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.)
89. Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis)
90. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México)
91. Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.)
92. Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.)
93. Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México)
94. Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.)
95. Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua)
96. Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.)
97. Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.)
98. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.)
99. Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz)
100. Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.)
101. Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México)
102. Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.)
103. Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.)
104. “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México)
105. Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México)
106. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.)
107. Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México)
108. Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara).    
109. Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.)
110. Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco)
111. Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.)
112. Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México)
113. Centro Mujeres (La Paz, BCS.)
114. Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.)
115. Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.).        
116. Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.)
117. Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.)
118. Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.)
119. Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México)
120. Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.)
121. Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California)
122. Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.)
123. Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.)
124. Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.)
125. Comité Cerezo (Ciudad de México)
126. Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México)
127. Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.)
128. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.)
129. Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.
130. Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.)
131. Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México)
132. Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.)
133. Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab)
134. Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab)
135. Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.)
136. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México)
137. Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.)
138. Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua)
139. El Caracol, A.C (Ciudad de México)
140. Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.)
141. Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.)
142. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México)
143. Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.)
144. Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.)
145. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México)
146. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.)
147. Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México)
148. La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco)
149. Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca).            
150. Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC AC) (Estado de México)
151. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México)
152. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México)
153. Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán)
154. Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí)
155. Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.)
156. Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)
157. Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.)
158. VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.)
159. Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).            

También suscriben:

1. Elisa Cruz Rueda
2. Rodrigo Olvera, CEJUDESC
3. Areli Sandoval Terán
4. Wendy Jocelyn Bazan Landeros
5. Jorge Pelaez Padilla, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
6. Tatiana Alfonso, ITAM
7. Felipe I. Echenique March. DEH INAH
8. José Pablo Quiñones Guzmán
9. Luis Arturo Fuentes Gomez
10. María de Lourdes Fernández Madrigal
11. Patricia Guarneros Marcué
12. Má. Cecilia Vázquez Ahumada, profesor investigador del INAH
13. María Consuelo Sánchez González, Universidad Autónoma de Campeche
14. Rosa María Garza Marcué. INAH-DEAS
15. Pablo V. Monroy Gómez
16. Sara Mildred Rosalía Vázquez Morales, Colegio Mexicano de Arquitectos Restauradores
17. Alberto Athié, CDMX.
18. Gilberto Lopezy Rivas
19. José Luis Peralta Higuera
20. Pablo Neptali Monterroso Rivas, del centro INAH Morelos
21. Gabriela Torres-Mazuera, CIESAS Sureste
22. Susana Montes
23. Victoria Novelo O.
24. Sara Catalina Pavón Flores
25. Luz Emilia Aguilar Zinser
26. Andrea Medina Riancho 
27. Elena Esperanza Toledo García
28. Ángela Sandoval Uhthoff
29. David Sánchez Camacho
30. Julieta Egurrola
31. Virginia Jiménez Solares
32. Ofelia Medina
33. Hortensia de Vega Nova
34. Paul Hersch Martinez, INAH
35. Carmen Ventura, COLMICH
36. Irma Estela Aguirre Pérez, Puebla
37. María Teresa Jardí Alonso
38. Flavia Lepre, Italia
39. Araceli Espinosa Hernández
40. Eliana Acosta. DEAS-INAH
41. Ernesto Torres López
42. Mauricio Fernando Lavalle Casillas, Morelos
43. Ezer R. May May de Kimbila, Yuc.
44. Susana Montes
45. Patricia Guarneros Marcue
46. Luis Arturo Fuentes Gomez
47. José Juan Julián, Abogado en Derechos Humanos
48. Araceli Espinosa Sánchez
49. Enrique Leff
50. Cristina Barros
51. Patricia Mendoza
52. Carlos Mendoza-Álvarez, Universidad Iberoamericana
53. Carolina Tabares Mendoza
54. Deneb Chavira Martínez
55. Graciela Cortes Camarillo
56. Zaide Silvia Gutiérrez
57. Clara Resendiz
58. Guillermina Margarita López Corral, Universidad Iberoamericana
59. Ma. Luz Salgado Briseño
60. Cecilia Zeledón
61. Giovanna Zacarías
62. Eleazar Cabello Palacios
63. Feliciano López
64. Dulce María Ramos, Universidad Iberoamericana
65. Magdalena Gómez, investigadora
66. Rosalba del Rocío Toledo García
67. Juan de Dios R. Hernández Monge
68. Ma. de los Dolores Soto Álvarez, arqueóloga y defensora de derechos humanos
69. Cristina Martínez Corral, estudiante de la Licenciatura en Desarrollo Local
70. Abril Angélica Rodríguez Martínez
71. Patricia Díaz Romo
72. Mario Bladimir Monroy Gómez
73. Patricia Cintia León Paoletti
74. Karla Villaseñor Palma
75. Alejandro Olivera, Centro para la Diversidad Biológica
76. Rigoverto Albores Serrano
77. Magdiel Sánchez Quiroz
78. Lilia Salomé Mandujano Wild
79. Paulino Alvarado Pizaña
80. Daniel Gimenez Cacho
81. Jorge Fernández Souza (Abogado)
82. Elena Kahn
83. Luisa Gonzalez De la Vega
84. Fabiola Romero Gamboa
85. Naayeli E. Ramírez Espinosa